Animalistas ganan el caso a la industria peletera

España
Cuatro años después de sus detenciones, la Audiencia Provincial de A Coruña da la razón a los defensores de los animales concluyendo que no tienen relación con las sueltas de visones ni los delitos que se les imputaban. La Asociación Nacional de Productores de Visón se había presentado como acusación particular contra los animalistas.

La Audiencia Provincial sección 6 de A Coruña ha puesto fin a la causa contra varios activistas del movimiento de defensa de los animales en la que el anterior juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, había llegado a imputar a 25 personas de varios delitos relacionados con las sueltas de visones producidas en Galicia entre los años 2007 y 2010. El auto de la Audiencia Provincial con fecha del 15 de junio concluye: “No se ha acreditado la participación de ninguno de los imputados, ni de la organización a la que se refiere el recurrente, en la comisión de algún acto delictivo concreto“.

Hoy hace exactamente cuatro años desde que, el 22 de junio de 2011, doce activistas del movimiento de defensa de los animales fueron detenidos dentro de un despliegue policial contra este movimiento sin precedentes en España. Dicha actuación formaba parte de la denominada “Operación Trócola”, iniciada en 2007 por el juez instructor José Antonio Vázquez Taín (posteriormente sustituido por la juez Margarita Guillén Vázquez).

Además de ordenar la detención de los activistas —incluyendo entre ellos a los fundadores de lgualdad Animal y a miembros de la dirección de Equanimal así como a colaboradores de ambas organizaciones— e imputarlos toda una serie de delitos (descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de persona jurídica, daños, daños a la flora y fauna, asociación ilícita), el juez también ordenó la intervención y escucha de sus conversaciones telefónicas, la entrada y registro en sus domicilios y la incautación de sus equipos de trabajo (ordenadores, cámaras, discos duros y otros efectos).

Dos días después de las detenciones el juez decretó el ingreso en prisión provisional de tres de los activistas detenidos, a quienes la Audiencia Provincial, revocando la orden del juez instructor, puso luego en libertad. [2] Tras más de dos años de instrucción y ante la aparente dificultad para obtener evidencias que respaldasen una acusación, el juez imputó a 13 personas más —incluyendo en esta ocasión a la madre de uno de los detenidos, una mujer de 63 años sin ninguna vinculación con el movimiento animalista—, sumando así un total de 25 personas imputadas en esta causa. [3]

A pesar de las imputaciones y las extensas medidas de vigilancia empleadas por la Guardia Civil, no se ha encontrado ninguna evidencia que relacione a los activistas con los hechos de los que se les acusaba, tal y como el auto de la Audiencia Provincial afirma: “La intervención de conversaciones telefónicas de los imputados y las entradas y registros en sus domicilios no ha proporcionado, en contra de lo esperado por quienes solicitaron y acordaron esas diligencias, ningún dato que relacione a alguno de los imputados con las sueltas de visones objeto de la investigación”.

El propio fiscal encargado del caso solicitó el archivo del mismo dada la ausencia de evidencias. La juez de instrucción Margarita Guillén Vázquez, haciendo suyos los argumentos del fiscal, dictó un auto de archivo contra el que la Asociación Nacional de Productores de Visón, personados como acusación particular en la causa, presentó el recurso de apelación ahora desestimado.

Los magistrados de la Audiencia Provincial han coincidido en poner fin a esta causa desestimando el recurso presentado por los peleteros, y en reconocer que la labor de investigación desarrollada por las organizaciones Igualdad Animal y Equanimal constituye además formas de activismo en defensa de los animales. En esta línea, el auto afirma que estas organizaciones llevan a cabo: “actividades lícitas dentro del ámbito de una organización dedicada a la defensa de los animales, defensa que permite actuaciones críticas que no son constitutivas de infracción penal” y añade “ninguno de esos actos [visita y avistamiento de granjas] se pueden vincular con la suelta de animales objeto de la investigación.”

Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal, comenta al respecto: “El proceso ha estado plagado de irregularidades desde la misma mañana en que fuimos arrestados y en la que el juez instructor ya estaba haciendo declaraciones a la prensa afirmando que éramos culpables [4], vulnerando claramente nuestra presunción de inocencia y mostrando su parcialidad. Este ha sido una forma de represión fomentada por la industria peletera en un intento de criminalizar y frenar el trabajo de investigación que ha dado a conocer el sufrimiento de los animales en las granjas peleteras en las que los animales sufren mutilaciones, y viven en condiciones terribles hasta que son despellejados, en ocasiones todavía con vida. Desde Igualdad Animal seguiremos realizando estos reportajes de investigación para concienciar y conseguir que los consumidores tengan acceso a esta información.”

Según Olaia Freiría, directora de Equanimal, “los intentos por parte de estas industrias de criminalizar al movimiento animalista son globales. Hace unos años tuvo lugar un caso similar en Austria en el que al final los animalistas fueron absueltos tras demostrar su inocencia. Lamentablemente me temo que volverá a ocurrir en otros países pero al menos esta resolución es un precedente que refuerza y legitima el trabajo de investigación tan necesario que hacemos”.

Las dos organizaciones implicadas en este caso, Igualdad Animal y Equanimal, decidieron unir fuerzas en noviembre de 2012 para defender a los animales.

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